Maniatados por la Ley

Un ciudadano recibe una llamada de un negocio de compraventas de vehículos en la que le informan que le tienen un cliente para el automóvil que está vendiendo. Cuando llega al lugar, le dicen que la empresa está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá y, para demostrárselo, le dan la copia del registro y lo invitan a llamar, de modo que pudiera verificarlo. Él lo hace y comprueba que, efectivamente la empresa está registrada (lo que pocos ciudadanos saben es que la Cámara de Comercio de Bogotá no es un organismo de control y que el registro de una empresa no es ninguna garantía de seguridad).

Según el modelo de ventas de un concesionario, le hacen firmar el contrato de compraventa, entrega el vehículo e, inducido por ellos —de buena fe—, firma el traspaso. Se hace el inventario del vehículo. Se acuerda verbalmente que la empresa pagará los impuestos para hacer el traspaso.

Al día siguiente le pagan el 10% del valor (debían haberlo hecho el día de la firma del contrato; dicen que el mensajero no alcanzó).

El último día de plazo para pagar el 90% restante, llaman en la mañana a confirmar el número de la cuenta para hacer la consignación. Se comprometen a hacerla antes de las 3:00 p.m.

El ciudadano llama a las 3:10, después de verificar que no se hizo el pago y comienza a ocurrir lo que han hecho hasta ahora: mienten descaradamente[1], dan evasivas[2], piden un nuevo plazo para el pago, prometen hacerlo en esa fecha, y no lo cumplen…

 

Denuncia penal

Va a la fiscalía, denuncia al representante legal, y ve que tiene ya 6 denuncias penales más; al ver su sorpresa, uno de los empleados le dice: “Eso no es nada; cuando tenga unas 40 denuncias lo podrán penalizar” (en el programa de televisión: Séptimo día se muestra el caso de otro negocio de compraventa de carros que ya tiene 70 denuncias penales; un funcionario de la fiscalía dice que ahora sí van a iniciar el proceso).

Le explican que en 15 días asignarán un fiscal, que procederá unos meses después, si encentra un buen conjunto de pruebas para hacerlo. Pero escucha decir por los pasillos que cuando el implicado se vea ya a punto de ser encarcelado, se le dará la oportunidad de llegar a un acuerdo de pago (!?) que, obviamente, volverá a incumplir… Además, lo más probable es que estos estafadores se irán a otro lugar, como suelen hacer (están en esa sede hace solo un año).

Consulta ocho abogados que coinciden en afirmar que es necesario “empujar” constantemente al fiscal que se asigne: denunciarlo a la personería y a la veeduría y “meterle” tutelas, con el fin de que… ¡trabaje en el caso!

Todo esto significa que fiscalmente está maniatado por la Ley.

 

Desde el punto de vista civil

Le explica su abogado que con el proceso ejecutivo a lo máximo a lo que puede aspirar es a que les embarguen los haberes de la empresa, que se reducen a un televisor y un par de escritorios con sus respectivas sillas (eso si no se han ido antes a otra parte); ¿qué les importa eso para lo que ganan engañando a una sola persona? ¿Y a cuantos más estarán engañando?…

Los abogados están maniatados por la Ley.

 

La Policía Nacional de Colombia, SIJIN

Como se trata de una estafa, el vehículo no se puede reportar como robado. Y, si la Policía Nacional de Colombia o la SIJIN lo encontrara, no tienen autoridad para detener el carro más de 24 horas, aun cuando se sepa de la estafa. Le explican que, en ambos casos, tanto las autoridades como el ciudadano “se meterían en un problema”. Están maniatados por la Ley.

 

La Superintendencia de Industria y Comercio

El ciudadano presenta la llamada Demanda Protección Consumidor Jurisdiccional en la Superintendencia de Industria y Comercio. Unos días después, le comunican que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia profirió auto admisorio de la demanda promovida por él. Lo mismo hacen con la empresa de compraventas de vehículos.

Desde entonces ha envío varios memoriales y ha llamado constantemente a averiguar qué pasa y por qué no hacen nada. Los insta a que hagan algo porque esos estafadores se pueden ir en cualquier momento del lugar donde operan y… ¡Efectivamente!: casi seis meses después de presentar la Demanda, verifica que ¡los delincuentes se han ido, como tantas veces se lo anunció a la Superintendencia de Industria y Comercio!

Estoy maniatado por la ineficacia de esta entidad.

 

Otras consecuencias

Además de otras consecuencias graves, suelen no realizar el traspaso: en el RUNT, el ciudadano aparece todavía como propietario, lo cual implica que el Distrito le seguirá exigiendo el pago de los impuestos acumulados año tras año y, además, deberá pagar todos los comparendos por infracciones al tránsito que realicen con el vehículo, como les ha ocurrido a varias personas…

Aunque demuestre que ya no tiene en su poder el automóvil, que ha sido objeto de una estafa y que no se lo han pagado, según los Servicios Integrales para la Movilidad, SIM, no hay ningún modo de detener estos cobros, pues el vehículo aparece todavía a nombre suyo (!?); es decir, están maniatados por la Ley.

 

Los estafadores

Por eso es que estas personas —siempre al margen de la Ley— logran lo que quieren, aprovechándose de dos circunstancias: 1) la buena voluntad de las personas que confían en ellas y 2) la ineficacia de las leyes colombianas para condenar esos delitos.

Es verdaderamente aterradora la tranquilidad y el cinismo con la que actúan; pareciera que el ciudadano es quien les debe algo: le ponen las condiciones de pago, los plazos, el modo de hacerlo… ¡Y nunca pagan!

Ellos no están maniatados por la Ley, ¡están amparados por la Ley!

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[1]  Que el mensajero ya está en la fila del banco haciendo la transacción; que les extraña que la transacción no aparezca; que hoy no se pudo, pero que mañana sí; que no hay problema, pues pagarán también la cláusula de incumplimiento; que un cheque que recibieron no ha hecho el canje; que les dé un día más, que olvidaron pagar los impuestos y por eso se atrasó todo; que le van a cubrir la deuda con otro cheque que ya les van a entregar, que ya lo consignaron y que para probarlo puede ir a recoger la hoja de la consignación (que nunca le entregan); que el cheque estaba posfechado y por eso no salió; que la fecha es tal día; que les llegó un mensaje a su correo electrónico de la abogada del ciudadano con un ultimátum de 3 días de plazo y que por eso no le van a cumplir la cita (cosa que no hizo mi abogada; usan equivocadamente otro nombre); unas veces dicen: “El carro ya se vendió” y otras: “Está en una bodega arreglándose para dársela al comprador” (un carro que no requiere arreglos)…

[2] No les devuelven las llamadas, le prometen llamadas y respuestas y no las cumplen; le cuelgan el teléfono cuando le reconocen la voz; el representante legal nunca está, y lo atiende otra persona que dice no saber nada ni tener autoridad alguna para tomar decisiones (es el que más mentiras dice y luego las reconoce y pide excusas)…