Sobre la despenalización del aborto

Miles de homicidios tendrán sobre su conciencia a partir de ahora los miembros de la Corte Constitucional, máxime con la contundente evidencia científica (genética y embriológica) que establecen el momento del inicio de una nueva vida humana: la concepción; y si desde ese momento es ya una vida humana, es objeto de todos los derechos constitucionales, principalmente del derecho a la vida.

Además, lo que acaba de ocurrir es una invitación tácita a seguir acrecentando la cultura de la muerte, que crece en Colombia y en el Mundo desde hace varios decenios…

 

 

Si la Democracia no sirve…

Como se expresó en este mismo blog, en el artículo: ¿Democracia? (https://wp.me/pgupd-7r), son inmensas las desventajas prácticas de este sistema de gobierno, a pesar de ser la menos mala de las opciones históricas.

Por esto, ante la pregunta que nace: “Entonces, ¿qué alternativa hay?”, debe responderse que el único camino viable es preparar al pueblo para ser gobernado. Esto se expuso hace unos veinticinco años en un artículo intitulado: Una revolución en la educación, publicado en varios diarios y revistas, y que se puede leer también en este blog: https://wp.me/pgupd-1d.

Decía ese artículo, en resumen, que se trata de darles a los jóvenes las herramientas para construir una sociedad sana: basada, no tanto en conocimientos o reglas como en principios y valores, pero que son teóricos e inútiles sin las virtudes, que se forjan a través de una fuerza muy particular, que todos ellos tienen, en mayor o menor grado: la voluntad.

Ojalá fueran cada día más numerosos los educadores que trabajaran para fortalecer la voluntad en los educandos, de modo que se pudieran implantar en ellos esos principios, valores y virtudes, que no son una utopía como la Democracia, pero que sí servirían para que los seres humanos del futuro puedan vivir y ser gobernados en una Democracia.

Lo hermoso es que entonces ya no se requeriría de tantas leyes, decretos y normas, ni tampoco de tantas fuerzas coercitivas como la Policía, el Esmad, etc. Esto traería como consecuencia una auténtica evolución de nuestra especie: disminuirían drásticamente las cárceles, los abogados, los litigios…

Y más adelante también menguarían los ejércitos y la carrera armamentista, cuyos recursos se utilizarían para obras de bien, como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y las demás necesidades del ser humano, de tal modo que viviría una vida más digna, y así se podría dedicar a cambiar este mundo de tantos seres egoístas y solitarios por uno de seres solidarios, comprometidos en la lucha por mejorar la sociedad y dejarla mejor para las siguientes generaciones.

Pedofilia en la Iglesia Católica

-¡Qué porquería! ¡Eso es la Iglesia Católica! ¡Qué asco!

-La Iglesia Católica: ¡todo un “ejemplo” a seguir!

-¿Qué pruebas más necesitan los católicos para saber que su religión es de pedófilos?

Estas son algunas de las frases que se oyen a propósito de los curas pedófilos…

Y en verdad eso es algo atroz, de lo más pervertido que puede haber, inaceptable desde todo punto de vista. ¡Y lo hacían ocultando su maldad bajo el disfraz de la piedad y de la fe!

Por esto, deben ser castigados con las penas más severas, tanto desde el derecho canónico (inmediata pérdida del estado clerical y excomunión), como desde el derecho penal (según el estado o país).

Pero también sería bueno revisar la forma de hablar: si aplicamos esos mismos criterios para juzgar otros casos, por ejemplo, a los narcotraficantes, guerrilleros y secuestradores colombianos, ¿cómo nos sonarían esas mismas frases?:

-¡Qué porquería! ¡Eso es Colombia! ¡Qué asco!

-Los colombianos: ¡todo un “ejemplo” a seguir!

-¿Qué más pruebas necesita el mundo para saber que todos los colombianos son narcotraficantes, guerrilleros y secuestradores?

Así como el porcentaje de narcotraficantes, guerrilleros y secuestradores es mínimo, comparado con todos los colombianos de bien, el de los clérigos pedófilos también lo es: en el Mundo, hay cerca de 5.500 obispos, 416.000 presbíteros y 45.000 diáconos: un total de 466.500 clérigos o personas de la jerarquía eclesiástica. De ellos, se acaba de saber que menos del 1% son pedófilos. Y el otro 99%, ¿acaso también lo es?

Además, la Iglesia Católica la componen los casi mil doscientos ochenta millones de bautizados, no solo la jerárquica eclesiástica. Cuando se dice que la Iglesia Católica es pedófila, ¿se está queriendo afirmar que todos los católicos lo son? ¿No sería más acertado decir que algunos -muy pocos- miembros de la Iglesia actúan así?

Es que generalizar es un acto irracional.

Seamos equilibrados, sensatos.

 

Lo que realmente importa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que en 2017 el índice de pobreza monetaria en Colombia se ubicó en 26,9%; mientras que el índice de pobreza extrema está en el 7,4%.

Si se tiene en cuenta que ese año había 49.292.000 colombianos, lo anterior significa que los ingresos de 13´259.548 de colombianos no le alcanzan para comprar la canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios para satisfacer sus necesidades primordiales, y que más de 3´500.000 de colombianos están en la pobreza absoluta.

Colombia es el tercer país con más desigualdad en el mundo, según la ONU: solo es superado por Haití y Angola en el Informe sobre desarrollo humano nº 2011, que reveló Naciones Unidas en febrero 18 de 2018, y que midió varios indicadores entre 129 países.

El país destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo del mundo: 9,4%.

En cuanto a corrupción, el país obtuvo una calificación de 37 sobre 100, que ha mantenido durante los últimos cuatro años.

Criminalidad: el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que en el 2017 hubo 10.871 muertos por la violencia, 183 secuestros, 4.117 extorsiones denunciadas (obviamente es un subregistro, pues muchos no denuncian). Ese mismo año hubo 127.118 hurtos denunciados, 51.361 denuncias de robos de celulares, 6.619 de hurtos de carros, 415 toneladas de cocaína incautadas, 77 muertos de integrantes de la fuerza pública y 865 heridos de las misma fuerzas…

En Colombia hay actualmente 2.7 millones de personas analfabetas, lo que equivale al 5.8 % de la población.

Una de cada cinco mujeres menores de 19 años ha tenido un embarazo. 

En lo corrido del 2017, el número de agresiones sexuales contra niños demuestran que este delito está lejos de ser erradicado: Entre enero y marzo pasados, Medicina Legal practicó 4.315 exámenes médicos a niños de entre 0 y 17 años tras denuncias de abusos sexuales, es decir, 48 por día; ya nos podemos imaginar cuántos abusos no se denunciaron.

En el 2017 Profamilia practicó 10.517 abortos legales; ¿cuántos más homicidios de inocentes como estos se realizarán en todo el territorio nacional?

Pero parece que lo único que le importa a algunas personas es que -supuestamente- el árbitro “se robó” el partido de Colombia Vs Inglaterra… ¡Un simple juego!

Los verdaderos resultados de las votaciones

Según la Registraduría, 36.219.940 colombianos estaban habilitados para votar en el país y en el exterior, durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Votaron casi 19’230.000 personas, lo que significa el 52,8% de cuantos estaban habilitados para hacerlo. Por lo tanto, se abstuvo el 47,2 % de los colombianos.

Así, los verdaderos resultados de las votaciones fueron:

1. Abstención:             47,2%

2. Duque:                     28,5%

3. Petro:                       22,1%

4. En blanco:                 2,2%

                ——————————

        Total:                      100%

 

Como siempre, sigue ganando la abstención, muestra evidente de la insatisfacción del pueblo por la clase política.

Y esto también evidencia que los presidentes, en Colombia, gobiernan obteniendo menos del 30% de las votaciones posibles.

 

 

.

Una alternativa a la democracia

¿Monarquía? ¿Dictadura? ¿Aristocracia (el gobierno de los mejores)? ¿Plutocracia (gobierno de los más ricos)?, ¿Teocracia (gobierno de Dios o un representante suyo)? ¿Democracia? ¿Cuál sistema político es el mejor para regir una nación?

En la democracia —que es el más aceptado y el que impera en la mayoría de los países del mundo— muchos votantes no poseen un verdadero conocimiento de la vida, obra y propuestas de los candidatos: ¡Cuántas veces se ha evidenciado que los votantes los eligen por razones tan banales como la amistad, la simpatía, la apariencia!, o tan contrarias a la auténtica democracia como la conveniencia.

En muchos casos se compran votos con dinero en efectivo o, para el mismo fin, se reparten comidas y licor a ciudadanos pobres y hambrientos… Presionan empleados, amenazándolos con el despido si no votan por determinado candidato… En fin: no hay libertad para elegir (sin libertad no se puede dar la democracia).

La falta de honestidad y de valores han conducido actualmente a una degeneración de la democracia, llamada demagogia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder y, muchas veces, la masa los sigue tontamente. Los demagogos recurren sistemáticamente a polarizaciones absolutas (el bien o el mal, la democracia o la antidemocracia, el desarrollo o el atraso, la honestidad o la corrupción), o conceptos imprecisos (“el cambio”, “la alegría”, “la seguridad”, “la justicia”, “la paz”, etc.).

De todo esto se desprende que —aun cuando la corrupción y la desigualdad son fruto del obrar humano, no del sistema político que se tenga— la democracia, tal y como fue concebida, es una utopía.

¿Por qué no pensar entonces en otra alternativa que elimine o, por lo menos, disminuya toda esa fuente de errores en la aplicación práctica de la democracia?

A quienes defienden la democracia como la única opción viable y justa, es decir, a la inmensa mayoría de los seres humanos, les parecerá inadmisible esta propuesta:

Hoy es muy frecuente la especialización; en la medicina, por ejemplo, desde hace tiempo existen las subespecializaciones: médicos pediatras, por ejemplo, que son expertos en oncología pediátrica, neumología pediátrica y en muchas otras áreas específicas para niños. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, tener en cuenta el criterio o la opinión de un arquitecto en una junta médica de neurocirujanos, que estudia las opciones de tratamiento que tiene un determinado paciente.

Asimismo, hay personas más conocedoras de la ética, definida como “el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida” o como la “parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores”, encaminado a la consecución del bien común. Sería igualmente ilógico pensar que un joven de 18 años recién egresado de la educación secundaria tenga el mismo conocimiento y la capacidad de juicio de un experto en bioética.

La definición de la tecnocracia es: “el gobierno manejado por quienes tienen mayor formación técnica”. Esto significa que quienes deben administrar el país son quienes saben hacerlo, quienes conocen con profundidad el manejo de esta gran empresa llamada el Estado, es decir, a los expertos.

Consecuentemente, ¿no sería también lógico que fueran los expertos en ética quienes eligieran a nuestros representantes? Es evidente que están más capacitados para hacerlo, puesto que se han entrenado para saber quiénes obran acorde con el bien individual y, sobre todo, colectivo.

Se perdería —por supuesto— aquél ideal democrático de que todos tengan derecho a votar, pero se menguarían en grandísima medida los tremendos y abrumadores errores en los que ha caído histórica y reiterativamente la democracia —los reseñados más arriba—, principalmente el que voten tantos que en realidad ignoran lo que están haciendo en las urnas.

Sin papá ni mamá… o con muchos

Con el Proyecto de Ley 56 de 2016 se pretende establecer una cadena productiva de niños de la siguiente manera: se facilita la creación centros de acopio de gametos humanos masculinos (espermatozoides) y femeninos (óvulos), clasificándolos con sus respectivas características y antecedentes; se ofrecen a los consumidores de espermatozoides o de óvulos, con “costos” diferenciales, pues los primeros son abundantes y los segundos, escasos.

Los donantes pueden identificarse o ser anónimos. No obstante, a ellos se les confiere el derecho de saber de sus hijos hasta veinte años después de la donación, sin que se les otorguen los derechos propios de paternidad.

Los adquirentes pueden ser parejas de cónyuges o de compañeros que buscan suplir al esterilidad de alguno de ellos, u otros que adquieren tanto el espermatozoide como el óvulo, con las características que escojan tales como color de los ojos, posible inteligencia, etc., etc.

La entidad oferente realiza la fecundación asistida y facilita que los “padres” alquilen el vientre o útero, de una mujer, la que después del parto se los entregará, fijando previamente las condiciones, incluso económicas, de tal proceder.

Así pues se trata de una cadena productiva completa desde antes de la concepción hasta después del parto de niños. Las empresas que se lucrarían con esta cadena van desde poderosas multinacionales hasta microempresas.

Dicho lo mismo en un lenguaje coloquial y sencillo, yo podría comprar espermatozoides de un hombre genéticamente determinado, el óvulo de una mujer (también con características genéticamente determinadas), alquilar el útero de otra mujer para implantar el allí el embrión, esperar nueve meses y recibir de ella el hijo o hija que voy a adoptar y educar con mi pareja hétero u homosexual.

El negocio —en apariencia filantrópico— establece el tráfico de niños que no sabrán a quién decirle mamá ni a quién llamar papá.

No deja de ser irónico que el proyecto incluya un artículo según el cual ¡el proceso debe realizarse con respeto a la dignidad humana!

 

El plebiscito sobre el Acuerdo de paz

“Educad a los niños, y no será necesario castigar a los hombres.” Pitágoras escribió esta sabía sentencia 23 siglos antes de la creación de la República de Colombia.

Pero no pusimos en práctica sus palabras y, por eso, vivimos en un conflicto que se perpetúa indefinidamente.

Si le hubiéramos hecho caso a Pitágoras, no tendríamos hoy los problemas que nos aquejan ni nos desgastaríamos en tantos y tan polémicos diálogos de paz.

¿Cuándo vamos a empezar a construir la paz corrigiendo las causas de la guerra? Hagamos medicina preventiva, no sólo curativa: la clave está en educar a los futuros ciudadanos en PRINCIPIOS, VALORES Y VIRTUDES, pues SE RECOGE LO QUE SE SIEMBRA.

Una vez que se propone esto, aparecen voces diciendo:

“De acuerdo: lo que le falta a este país -ante todo- es educación, pero lo pasado, pasado es; infortunadamente, éste es nuestro presente, y hay que empezar a arreglarlo ya.”

Y es precisamente eso lo que desde hace más de sesenta años se ha propuesto: trabajar para arreglar las consecuencias y no las causas del problema; y el problema continúa: se sigue produciendo generación tras generación. Si un proceso de paz logra cierto descenso de la violencia, al poco tiempo llega la nueva generación no educada a reavivar la violencia, destruyendo la pequeña y endeble paz alcanzada.

Mientras no se elimine el desorden social -que nace de la falta de educación y es semilla de violencia-,  brotarán en muchas partes otra vez las consecuencias que se pretenden aplacar con procesos de paz. Y la historia continuará igual.

“Hay que cortar el mal por la raíz”, decían antes.

Suelen proponerse sólo 2 opciones: más guerra o diálogo. Educar es la tercera opción; más demorada, pero eficaz.

Se podría empezar ya, pero casi nadie educa: sólo se piden acuerdos y cese al fuego. Y se posterga perpetuamente la única solución.

¿Libertad religiosa?

La libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna (irreligión), o de no creer o validar la existencia de un Dios (ateísmo y agnosticismo), y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.

Este concepto va más allá de la tolerancia religiosa, que consiste en el simple respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. También abarca el reconocimiento de inmunidad política a quienes profesan religiones distintas a la admitida oficialmente. Y permite, como una concesión gratuita, el ejercicio de profesar cualquier religión, es decir, la libertad de culto.

En las democracias modernas generalmente el Estado dice garantizar la libertad religiosa a todos sus ciudadanos; pero las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en muchas partes del mundo, registrándose casos de preferencia de una religión sobre otras, intolerancia y persecución a ciertos credos, hasta con el homicidio, inclusive.

La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño, en su art. 14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el citado artículo 18, indica:

«Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.»

Asimismo, en la Constitución política de Colombia, Artículo 19, se garantiza la libertad de cultos: toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

Además, también en Colombia, está vigente la Ley 133 de 1994 (mayo 23), reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1396, de 1997, por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. La Ley 133 fue declarada exequible por la Corte Constitucional, según Sentencia C – 088 de 1994.

¿Libertad de culto?

Pero las medidas tomadas en algunos países de Europa —prohibir el uso de los símbolos religiosos de determinadas religiones, para no vulnerar los derechos de los otros— reabre el debate sobre la libertad de cultos y sobre el laicismo:

¿Qué es más libertad de culto: impedir a todos los ciudadanos usar símbolos religiosos o permitirlos todos, en una apertura de mente y de conciencia respetuosa de los derechos de los demás?

La noción del laicismo que se tiene en Francia desde tiempos de la Revolución francesa consiste en que el Estado se defiende de las religiones. Es una posición distinta la norteamericana, laica, en la que el Estado defiende las religiones de la intromisión del mismo Estado.

La posición francesa es laicista y puede llevar a un fundamentalismo laico, que pretende excluir la religión de todo lo público. Esto es lo que han criticado algunos pensadores, como Danièle Hervieu- Leger, que proponen “deslaicizar la laicidad” para abrirse a la situación multicultural y plurirreligiosa del mundo actual. La posición norteamericana es más laica pues pretende que todas las religiones expresen y vivan su fe, sin que el Estado intervenga en ellas, siempre y cuando actúen dentro de los límites de la ley y no caigan en hechos contrarios al Derecho. Así, incluso, se reconocen lo que podríamos llamar seudorreligiones.

En Colombia, en este punto se ha seguido la opción norteamericana: igualdad de todas las religiones ante la ley y posibilidad del uso y manifestación de símbolos religiosos en público, como lo vemos con los símbolos cristianos, católicos, Hare Krishna, Israelitas del Nuevo Pacto Universal, etc., etc., etc.

En cambio, en todos los sitios públicos de varios países de Europa (colegios, universidades, entre otros) está prohibido poner una Cruz cristiana, la Estrella de David judía o la Estrella y la Luna creciente del Islam…, adoptando la posición intolerante y coercitiva de Francia, ¡el país de los Derechos Humanos!

 

La función de la ley…

…no es registrar lo que se hace, sino ayudar a hacerlo mejor.

¿Por quién votar?

 

He aquí los criterios que debe seguir un buen ciudadano para elegir a sus gobernantes y representantes.

La obligación de quien vive y cree en una democracia es analizar concienzudamente en cada candidato:

1. la vida,

2. las propuestas,

3. la fidelidad que ha mostrado a sus principios,

4. su honestidad y

5. su ética.

El ciudadano no debe permitir con su voto (o al no votar) que sea elegido un candidato que no procure el bien común (imponiendo, por ejemplo, políticas que favorecen solo a unos pocos), que viole los derechos fundamentales particulares (por ejemplo, que imponga a los padres una educación contraria a sus creencias…) o que está en contra de la ley natural (por ejemplo, uno que propicie el aborto, el matrimonio de homosexuales, la tenencia de hijos por parte de parejas homosexuales, etc.), pues se dañaría la entraña misma de la vida y la dignidad humana.

Además, en algunas ocasiones, el ciudadano debe usar la estrategia de votar no por el candidato de su preferencia —si sabe que de todos modos no ganará—, sino por el que entre los posibles ganadores dañaría menos al país…

En resumen: hay que usar criterios éticos, procurando al máximo que tanto el bien común como el particular ganen, y usando la sagacidad.

 

Maniatados por la Ley

Un ciudadano recibe una llamada de un negocio de compraventas de vehículos en la que le informan que le tienen un cliente para el automóvil que está vendiendo. Cuando llega al lugar, le dicen que la empresa está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá y, para demostrárselo, le dan la copia del registro y lo invitan a llamar, de modo que pudiera verificarlo. Él lo hace y comprueba que, efectivamente la empresa está registrada (lo que pocos ciudadanos saben es que la Cámara de Comercio de Bogotá no es un organismo de control y que el registro de una empresa no es ninguna garantía de seguridad).

Según el modelo de ventas de un concesionario, le hacen firmar el contrato de compraventa, entrega el vehículo e, inducido por ellos —de buena fe—, firma el traspaso. Se hace el inventario del vehículo. Se acuerda verbalmente que la empresa pagará los impuestos para hacer el traspaso.

Al día siguiente le pagan el 10% del valor (debían haberlo hecho el día de la firma del contrato; dicen que el mensajero no alcanzó).

El último día de plazo para pagar el 90% restante, llaman en la mañana a confirmar el número de la cuenta para hacer la consignación. Se comprometen a hacerla antes de las 3:00 p.m.

El ciudadano llama a las 3:10, después de verificar que no se hizo el pago y comienza a ocurrir lo que han hecho hasta ahora: mienten descaradamente[1], dan evasivas[2], piden un nuevo plazo para el pago, prometen hacerlo en esa fecha, y no lo cumplen…

 

Denuncia penal

Va a la fiscalía, denuncia al representante legal, y ve que tiene ya 6 denuncias penales más; al ver su sorpresa, uno de los empleados le dice: “Eso no es nada; cuando tenga unas 40 denuncias lo podrán penalizar” (en el programa de televisión: Séptimo día se muestra el caso de otro negocio de compraventa de carros que ya tiene 70 denuncias penales; un funcionario de la fiscalía dice que ahora sí van a iniciar el proceso).

Le explican que en 15 días asignarán un fiscal, que procederá unos meses después, si encentra un buen conjunto de pruebas para hacerlo. Pero escucha decir por los pasillos que cuando el implicado se vea ya a punto de ser encarcelado, se le dará la oportunidad de llegar a un acuerdo de pago (!?) que, obviamente, volverá a incumplir… Además, lo más probable es que estos estafadores se irán a otro lugar, como suelen hacer (están en esa sede hace solo un año).

Consulta ocho abogados que coinciden en afirmar que es necesario “empujar” constantemente al fiscal que se asigne: denunciarlo a la personería y a la veeduría y “meterle” tutelas, con el fin de que… ¡trabaje en el caso!

Todo esto significa que fiscalmente está maniatado por la Ley.

 

Desde el punto de vista civil

Le explica su abogado que con el proceso ejecutivo a lo máximo a lo que puede aspirar es a que les embarguen los haberes de la empresa, que se reducen a un televisor y un par de escritorios con sus respectivas sillas (eso si no se han ido antes a otra parte); ¿qué les importa eso para lo que ganan engañando a una sola persona? ¿Y a cuantos más estarán engañando?…

Los abogados están maniatados por la Ley.

 

La Policía Nacional de Colombia, SIJIN

Como se trata de una estafa, el vehículo no se puede reportar como robado. Y, si la Policía Nacional de Colombia o la SIJIN lo encontrara, no tienen autoridad para detener el carro más de 24 horas, aun cuando se sepa de la estafa. Le explican que, en ambos casos, tanto las autoridades como el ciudadano “se meterían en un problema”. Están maniatados por la Ley.

 

La Superintendencia de Industria y Comercio

El ciudadano presenta la llamada Demanda Protección Consumidor Jurisdiccional en la Superintendencia de Industria y Comercio. Unos días después, le comunican que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia profirió auto admisorio de la demanda promovida por él. Lo mismo hacen con la empresa de compraventas de vehículos.

Desde entonces ha envío varios memoriales y ha llamado constantemente a averiguar qué pasa y por qué no hacen nada. Los insta a que hagan algo porque esos estafadores se pueden ir en cualquier momento del lugar donde operan y… ¡Efectivamente!: casi seis meses después de presentar la Demanda, verifica que ¡los delincuentes se han ido, como tantas veces se lo anunció a la Superintendencia de Industria y Comercio!

Estoy maniatado por la ineficacia de esta entidad.

 

Otras consecuencias

Además de otras consecuencias graves, suelen no realizar el traspaso: en el RUNT, el ciudadano aparece todavía como propietario, lo cual implica que el Distrito le seguirá exigiendo el pago de los impuestos acumulados año tras año y, además, deberá pagar todos los comparendos por infracciones al tránsito que realicen con el vehículo, como les ha ocurrido a varias personas…

Aunque demuestre que ya no tiene en su poder el automóvil, que ha sido objeto de una estafa y que no se lo han pagado, según los Servicios Integrales para la Movilidad, SIM, no hay ningún modo de detener estos cobros, pues el vehículo aparece todavía a nombre suyo (!?); es decir, están maniatados por la Ley.

 

Los estafadores

Por eso es que estas personas —siempre al margen de la Ley— logran lo que quieren, aprovechándose de dos circunstancias: 1) la buena voluntad de las personas que confían en ellas y 2) la ineficacia de las leyes colombianas para condenar esos delitos.

Es verdaderamente aterradora la tranquilidad y el cinismo con la que actúan; pareciera que el ciudadano es quien les debe algo: le ponen las condiciones de pago, los plazos, el modo de hacerlo… ¡Y nunca pagan!

Ellos no están maniatados por la Ley, ¡están amparados por la Ley!

---

[1]  Que el mensajero ya está en la fila del banco haciendo la transacción; que les extraña que la transacción no aparezca; que hoy no se pudo, pero que mañana sí; que no hay problema, pues pagarán también la cláusula de incumplimiento; que un cheque que recibieron no ha hecho el canje; que les dé un día más, que olvidaron pagar los impuestos y por eso se atrasó todo; que le van a cubrir la deuda con otro cheque que ya les van a entregar, que ya lo consignaron y que para probarlo puede ir a recoger la hoja de la consignación (que nunca le entregan); que el cheque estaba posfechado y por eso no salió; que la fecha es tal día; que les llegó un mensaje a su correo electrónico de la abogada del ciudadano con un ultimátum de 3 días de plazo y que por eso no le van a cumplir la cita (cosa que no hizo mi abogada; usan equivocadamente otro nombre); unas veces dicen: “El carro ya se vendió” y otras: “Está en una bodega arreglándose para dársela al comprador” (un carro que no requiere arreglos)…

[2] No les devuelven las llamadas, le prometen llamadas y respuestas y no las cumplen; le cuelgan el teléfono cuando le reconocen la voz; el representante legal nunca está, y lo atiende otra persona que dice no saber nada ni tener autoridad alguna para tomar decisiones (es el que más mentiras dice y luego las reconoce y pide excusas)…

 

¿Un día de salario para la guerra?

 

Este gobierno hizo todo para conseguir la paz a través del diálogo; pero no pudo. Prometió poner todo el empeño —y lo hizo— pero la paz no llegó.

Ahora el país está más destruido física, emocional y moralmente…

La situación económica, que ya estaba grave, es ahora peor: las empresas siguen despidiendo trabajadores, los inversionistas siguen esperando o se van, el desempleo llega a niveles nunca alcanzados, se cierran negocios, los profesionales de la salud siguen siendo explotados, la construcción está frenada… A todo esto lo llaman peyorativamente recesión.

Mientras tanto, innumerables torres de energía fueron voladas por las FARC, y se anuncia la solución: el pueblo, ahogado por la situación económica, desprotegido del terrorismo por el Estado, inocente de todos los atentados contra la infraestructura eléctrica, es el que debe pagar y, para ello, se le aumentará el costo de la energía en un 25 %.

Por último, ante el fracaso del gobierno para lograr la paz, el ministro de Hacienda pide (¿y obligará?) al los ciudadanos —inocentes de todo el mal que recae sobre ellos— el producto de un día de su trabajo para la guerra.

¡Para la guerra, no para la paz! Y lo dice tan tranquilo. Nos están metiendo a todos en la guerra a las malas: quienes no habían sufrido en carne propia o de cerca los estragos de esta absurda guerra pagarán para que haya más colombianos muertos.

No fue suficiente que el Estado no educara para la paz a los que hoy destruyen la patria y sus gentes, sino que ahora, sufriendo los resultados de esa mala educación, hoy están escuchando nuestros hijos que todos pagaremos para la guerra. Con esta «formación», ¿qué será de ellos y de sus hijos?

¿Quién ganó las elecciones?

Uno de los candidatos dice estar feliz, y declara que los resultados de la «fiesta democrática» que se vivió ayer lo favorecen: ahora se está viendo, según él, que son muchos los que apoyan sus tesis, los que votaron por él, sean o no de su partido.

Pero, ¿quién ganó realmente?

La respuesta a esta pregunta es fácil: el primer lugar lo ocupa el inmenso grupo de ciudadanos que no participaron en la jornada democrática: cerca de dos terceras partes de las personas con derecho a votar se abstuvieron.

En segundo lugar, teniendo también en cuenta el potencial de votantes (quienes están en capacidad de votar en el país), el candidato que más votos obtuvo alcanzó apenas ¡un poco más del doce por ciento de los votos!

Todo esto significa, en buen romance, que:

1. La mayor parte de la población desea un cambio total en la democracia o no cree en ella

2. El próximo presidente gobernará al país con el apoyo democrático de una mínima parte de ciudadanos

Ante estas incuestionables verdades, ¿qué podrán decir los demás candidatos?

¿Democracia?

 

“De todos los sistemas políticos que se han intentado en la historia, la democracia es el menos malo”; esta frase se repite constantemente cuando se explican las fallas que se le encuentran.

Efectivamente, ante las otras opciones —la monarquía, la dictadura, la aristocracia (el gobierno de los mejores), la tecnocracia (gobierno manejado por quienes tienen mayor formación técnica), la plutocracia (gobierno de los más ricos), la teocracia (gobierno de Dios o un representante suyo) y demás sistemas políticos por los que se podría regir una nación—, la mayoría de las personas prefiere la democracia pues, por definición, es el mismo pueblo quien ejerce la soberanía.

Desde el punto de vista etimológico, la palabra tiene dos elementos compositivos: demo–: pueblo y ­–cracia: fuerza; lo que significa: el poder del pueblo. Así pues, la democracia es un sistema político, cuya característica predominante es que las decisiones son tomadas por el pueblo, respondiendo a la voluntad colectiva.

La democracia es, además, una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales.

La elección es el principio básico de la democracia.

Al comienzo, en la Grecia antigua se prefería recurrir a la suerte para designar a los magistrados y a los altos funcionarios, por un tiempo relativa­mente corto, a fin de permitir a los ciudada­nos, por una rotación de funciones, ejercer por turno una función gubernamental. Los gobernados que asistían regularmente a la eclesia (asamblea de ciudadanos con derechos políticos) tenían también una participación di­recta en las decisiones gubernamentales.

En el siglo XVIII, el principio de elección fue reforza­do por la hipótesis de que el pueblo fuera representado por los elegidos, pero fue hasta el XIX cuando la lucha por las ideas democráticas se confundió con la lucha por el sufragio universal.

Desde entonces, democracia y elección fueron indisolubles, y se empezaron a distinguir dos tipos de democracia: una teórica e ideal, en la que la decisión es adoptada directamente por el pueblo, sin mediación de un órgano represen­tativo llamada democracia directa y la democracia representati­va, en la cual el pueblo es representado por algunos ciudadanos elegidos para tal fin.

Ahora existe también la democracia participativa, llamada así para resaltar la posibilidad del pueblo de participar directamente en la toma de las decisiones políticas: se facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o se les dan amplios mecanismos plebiscitarios (por ejemplo: consultas que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc.).

Pero la realidad es otra:

• La mayoría de los votantes no hacen un juicio maduro y responsable antes de elegir a sus representantes: ¡Cuántas veces se ha evidenciado que los votantes los eligen por razones tan banales como la amistad, simpatía, apariencia (“Voté por él porque tiene un bigote muy lindo”, decía un vez una ciudadana)…! o tan contrarias a la democracia como la conveniencia; no por un verdadero conocimiento de la vida, obra y propuestas de los candidatos, es decir, por un acto auténticamente democrático.

 

• Lo anterior es poco viable, pues muy pocas veces los candidatos cumplen las propuestas y promesas que hacen en sus campañas; son innumerables las ocasiones en las que la oposición, los medios de comunicación y quienes los eligieron lo han comprobado y denunciado.

 

• Además, las hojas de vida de los candidatos casi nunca indican los resultados del trabajo que realizarán como representantes del pueblo: no muestran cómo van a gobernar.

 

• Con demasiada frecuencia no hay fidelidad a las ideas que postulan los candidatos: contrarios se alían tras un descalabro inicial en los resultados de la votación, haciendo componendas, acuerdos y pactos políticos que traicionan sus supuestos principios y postulados. Muchas veces, de quienes habían hablado mal en las campañas después los disculpan diciendo que no se les probó nada…

 

• Puesto que las campañas se deben financiar, casi siempre se quedan debiendo muchos favores que, en muchos casos, venden los principios, no solo del candidato sino hasta del partido que representan.

 

• En muchos países pobres se le dan gigantescos auxilios económicos a los partidos para sus campañas políticas, mientras los numerosísimos pobres que hay en ellos todavía no tienen cubiertas sus necesidades básicas: educación, vivienda, alimentación, salud, vías…

 

• En esas mismas naciones, cuando los candidatos no han logrado más del cincuenta por ciento de los sufragios, se hacen unas nuevas elecciones (las llamadas “segundas vueltas”), de altísimo costo para los contribuyentes, aun cuando sea evidente y arrollador el triunfo de uno de ellos.

 

• De todo esto resulta que en realidad no hay verdadera representación: el pueblo que elige sigue carente de sus necesidades primordiales.

 

• Es evidente que los ciudadanos no se benefician de igual modo de las libertades públicas.

 

• Como si fuera poco, por la reinante corrupción administrativa, una buena parte del erario público es desmenuzado y repartido injustamente entre los representantes del pueblo y los intermediarios; de otro modo, con lo que se recauda, se verían obras que eliminarían verdaderamente las injusticias sociales.

 

• En muchos casos se compran votos con dinero en efectivo o, para el mismo fin, se reparten comidas y licor a ciudadanos pobres y hambrientos… Presionan empleados, amenazándolos con el despido si no votan por determinado candidato… En fin: no hay libertad para elegir (sin libertad no se puede dar la democracia).

 

• La falta de honestidad y de valores han conducido actualmente a una degeneración de la democracia, llamada demagogia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder y, muchas veces, la masa los sigue tontamente. Los demagogos recurren sistemáticamente a polarizaciones absolutas (el bien o el mal, la democracia o la antidemocracia, el desarrollo o el atraso, la honestidad o la corrupción), o conceptos imprecisos (“el cambio”, “la alegría”, “la seguridad”, “la justicia”, “la paz”, etc.).

 

• Entre los congresistas es sabido que, para mantenerse, es necesario que sean aprobados sus proyectos de ley, sin importar si son realmente beneficiosos y útiles para los ciudadanos. De ahí que se legisle tanto y tan inútilmente.

 

• Aunque de muchos políticos se habla de corrupción, pocas veces se los juzga y castiga: sus hojas de vida quedan incólumes.

 

• Finalmente, las constantes denuncias —de hecho y de derecho— de fraudes electorales dejan siempre la duda sobre la veracidad de los resultados en el conteo de votos.

 

De todo esto se desprende que —aun cuando la corrupción y la desigualdad son fruto del obrar humano, no del sistema político que se tenga— la democracia, tal y como fue concebida, es una utopía.

Votar, por el bien común

Código Penal, Código de Tránsito, Código Civil, Código de Derecho Canónico… Leyes, decretos, normas… Para proteger los derechos de los menores, de los ancianos, de los enfermos de sida, de los homosexuales, etc. Supuestamente tenemos —cada vez más— todo lo necesario para regular las relaciones humanas en orden al bien común, y así ser una sociedad justa y equitativa.

Pero debemos decir toda la verdad: en cada período legislativo, a veces los senadores y representantes buscan no solo el bien común, sino sus propios intereses: es muy halagador y da buena reputación que les sean aprobados sus proyectos, sean o no buenos para la sociedad.

Por ejemplo, se pretende despenalizar el aborto, sin tener en cuenta el estrago moral que ello causa: el común de la gente entiende que las madres podrán matar a sus propios hijos —criaturas inocentes—, por un supuesto derecho que ellas tienen.

Eso deja mucha confusión puesto que, aun cuando la mayoría de los ciudadanos no tengan suficientes conocimientos de genética o embriología, para entender que la vida humana comienza con la concepción, algo les dice que lo que están haciendo es un homicidio. De otro modo no se pueden entender la gran cantidad de estragos psicológicos y psicosomáticos que quedan en las madres que realizan abortos, estragos que difícilmente desaparecen, aun con terapias especializadas…

Pregunta: ¿Son estos estragos un bien común? ¿Son esas muertes de esos seres humanos un bien común?

Lo primero se llama aumento de la morbilidad: madres con más enfermedades psicológicas y psicosomáticas (sin contar los daños físicos que reportan las estadísticas aun en clínicas especializadas). Lo segundo se llama incremento en la mortalidad de individuos: todos los embriones y fetos que se abortan mueren; es necesario repetirlo: estaban vivos —lo prueba la genética— y quedan muertos.

Así, pues, debe evitarse que sean elegidos quienes propician la disminución del bien común.

¿Sembramos nosotros mismos el terrorismo?

Más de 119 torres de energía voladas, casi 100 municipios de Colombia sin luz, intento de acabar con el agua potable de la ciudad de Bogotá, varios puentes destruidos que aíslan grandes zonas del país, secuestros y asesinatos de ciudadanos, etc., etc., etc. ¿Son estas las acciones de un movimiento que defiende unos ideales?

Mientras tanto, el pueblo debe sufragar las reparaciones: el costo de la guerra que el gobierno no evitó; se  incrementa la ya difícil situación económica de la ciudadanía, en la capital se aprueba un impuesto de valorización para seguir embelleciendo la ciudad, los servicios se incrementan, la UVR sigue el mismo patrón del antiguo UPAC, etc., etc., etc. ¿Es esta la actitud correcta de un gobierno democrático?

Usted hace todo lo que puede: busca modos para mejorar sus ingresos y no los encuentra, disminuye sus gastos eliminando todo lo superfluo en su vida y a pesar de eso no le alcanza, reduce su canasta familiar pero se siente cada vez más apretado, etc., etc., etc. ¿Cree acaso que eso es una vida normal?

¿No será este el momento para recapacitar? ¿Por qué no evaluar lo que hemos hecho y actuar en consecuencia?

Fabricamos una sociedad que estimula el consumo para poder vender, aunque muchos de los productos que compramos no son realmente útiles para nuestra felicidad: la ambición de comodidad y bienestar material se erigió en la meta según la cual seríamos felices, pero se multiplicaron los problemas psicológicos y la infelicidad: descubrimos que somos insaciables, y que cuanto más anhelamos tanto más nos desilusionamos, hallando o no lo que deseábamos. El malestar del consumismo ya es evidente.

Es que nos ocupamos tanto en tener que se nos olvidó ser.

Esa ambición por cosas materiales dejó a un lado el enriquecimiento verdaderamente humano: las familias, célula de la sociedad, están enfermas porque los padres no tienen tiempo para sus hijos (están trabajando para darles «todo»), y ellos vagan sin sentido por los mundos del Internet, los videos, el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad y el satanismo; el amor es un sueño de idealistas, porque lo que ahora importa es el nivel de comodidad y riquezas; el servicio social no mueve ningún corazón, a pesar de estarse viendo esa descomposición general; Dios se dejó exclusivamente para los momentos de apremio (como los de ahora): Él no es un Dios personal que nos ama y dio su vida por nosotros sino un ente «arreglalotodo»; el trabajo como medio de enriquecimiento integral del ser humano que se interrelaciona con los demás, sirviéndolos y sirviéndose de ellos se convirtió en una carga necesaria para lograr lo que nunca se logró…

Todos aprendimos los falsos estereotipos de la felicidad y, lo que es peor, los seguimos con vehemencia, ímpetu y fervor, para luego descubrir que habíamos destruido lo principal: la dignidad del ser humano.

Buscamos el dios–placer, y siempre quisimos más y más para volver frustrados… Fuimos tras el dios–tener, y regresamos desilusionados… Perseguimos la buena honra, el aplauso de los demás, el dios–fama, y al quedar a solas descubrimos que no pudimos tapar nuestras propias limitaciones…

Muchos otros, sin principios morales ni valores, se dejan arrastrar por estos mismos ídolos: secuestran, matan y destruyen el país en el que viven, buscando el mayor autoengaño del ser humano: que la felicidad está en lo material.

¿Por qué pensar y vivir tan rastreramente si somos capaces de ideales más nobles y metas más altas?

 

Diferencia que marca la diferencia*

Entre los deseos primarios de todas las personas están: progresar, ser felices y tener dinero.

 

Así como hay personas pobres y personas ricas, hay países pobres y países ricos.

 

La diferencia entre los países pobres y los ricos no es la antigüedad del país. Lo demuestran casos de países como India y Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En cambio, Australia y Nueva Zelandia, que hace cerca de ciento cincuenta años eran casi desconocidos, son hoy países desarrollados y ricos.

 

La diferencia entre países pobres y ricos tampoco son los recursos naturales con que cuentan, como es el caso del Japón que tiene un territorio muy pequeño, y el ochenta por ciento de ese territorio es montañoso y no apto para la agricultura ni la ganadería; sin embargo, es la segunda potencia económica mundial, pues su territorio es como una inmensa fábrica flotante que recibe materiales de todo el mundo y los exporta también a todo el mundo, ya transformados. Así logra su riqueza.

 

Por otro lado, tenemos una Suiza sin océano, pero tiene una de las flotas navieras más grandes del mundo; no tiene cacao, pero tiene el mejor chocolate del mundo; en sus pocos kilómetros cuadrados pastorea y cultiva solo cuatro meses al año (ya que el resto del tiempo es invierno), pero tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda Europa; al igual que Japón, no tiene recursos naturales, pero da y exporta servicios con calidad muy difícilmente superable; por último, es un país pequeño, pero ha muestra seguridad, orden y trabajo, características que lo han convertido en la «Caja fuerte del Mundo».

 

Tampoco la inteligencia de las personas es la diferencia, como lo demuestran los estudiantes de países pobres que emigran a los países ricos y logran resultados excelentes en su educación. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas, y al hablar con ellos nos damos cuenta que no hay diferencia intelectual.

 

Tampoco es la raza la que marca la diferencia, pues en los países centroeuropeos o nórdicos vemos cómo los llamados «vagos del sur» demuestran ser la fuerza productiva, aunque no sean así en sus propios países de origen, donde nunca supieron someterse a las reglas básicas que hacen a un país grande.

 

La actitud de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos se descubre que la mayor parte de la población sigue las siguientes reglas:

 

Ø La moral como principio básico

Ø El orden y la Limpieza

Ø La honradez

Ø La puntualidad

Ø La responsabilidad

Ø El deseo de superación

Ø El respeto a la ley y los reglamentos

Ø El respeto por los derechos de los demás

Ø Su amor al trabajo

Ø Su afán por el ahorro y la inversión

 

–¿Necesitamos más Leyes?

–¡No! Sería suficiente con cumplir y hacer cumplir estas 10 simples reglas. En Colombia y el resto de los países pobres solo una mínima (casi nula) parte de la población sigue estas reglas en su vida diaria.

 

No somos pobres porque a nuestro país le falten riquezas naturales, o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros; simplemente nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas de funcionamiento de las sociedades.

 

A diferencia de otros mensajes en cadena, si no envías copia de este a más personas, no se te va a morir tu perro ni te van a correr del trabajo, ni tampoco te vas a sacar la lotería por mandarlo; pero sería bueno que lo compartieras con otras personas. ¿Quién sabe? A lo mejor ayudas para que en algunos años más, vivamos en un país desarrollado (¡!).

 

Anónimo

 

¿Acabar con la guerrilla?

Se sabe que la solución a todo problema está en la causa que lo produce; se sabe, por tanto, que la solución a este problema es la educación del pueblo: no tanto informarlo, sino formarlo: una educación en valores, en principios morales para el bienestar individual y social.

Pero siempre aparece el problema coyuntural: se dice que los factores y las circunstancias que se dan en el momento requieren de una decisión inmediata, que ya no se puede postergar más el problema, que mientras se educa a los ciudadanos debe hacerse algo, que hay que atajar el conflicto prontamente…

Mientras por un lado se aboga por el diálogo, por otro se respalda una solución rápida y violenta, usando para ello el poder, aunque la experiencia histórica mundial haya enseñado que la violencia no se soluciona con violencia.

La descripción de Colombia en sus últimos años de historia es la siguiente: la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico causando estragos y cada vez más cerca de las grandes ciudades, mientras que todos están enfrascados en poner «pañitos de agua tibia» al problema. Pero si no desaparece la corrupción moral, si no se educa, si no se siembran valores en los niños, aflorará la violencia, y el país se hará cada vez más pobre, cada vez más agresivo, cada vez más destruido…

Ante estas meditaciones, se repetirá la frase de siempre: «Es verdad que la solución a largo plazo es educar a la ciudadanía; pero, ¿cuánto durará ese proceso educativo? Mientras tanto, hagamos algo.»

Lo único que se puede responder es que si se siguen dando soluciones coyunturales (pañitos de agua tibia), el problema seguirá creciendo.